Análisis jurídico sobre el decreto de convocatoria a consulta popular firmado por el presidente Gustavo Petro

En días recientes, el presidente Gustavo Petro firmó un decreto para convocar a una consulta popular, generando un intenso debate jurídico y político en el país. El Dr. Jaime Alberto Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y socio de Arrubla Devis, analizó en NTN24 las implicaciones de esta decisión y su impacto sobre el orden constitucional colombiano.

¿Se aparta el decreto de la Constitución?

Según el Dr. Arrubla, el decreto rompe el sistema de contrapesos de la democracia colombiana. El artículo 104 de la Constitución establece que el presidente, con la firma de sus ministros y el concepto favorable del Senado, puede citar a una consulta popular. En este caso, el Senado emitió un concepto negativo, pero el presidente decidió inaplicar esa decisión, argumentando supuestos vicios de forma y fondo, y recurriendo al artículo 33 de la Ley Estatutaria de los mecanismos de participación ciudadana para justificar la convocatoria directa.

Elusión de controles y conflicto de competencias

El análisis destaca que el presidente, al enviar el decreto a la Corte Constitucional, busca eludir el control del Consejo de Estado, que sería el órgano competente para revisar los actos de trámite previos a la consulta. Esta estrategia podría generar un conflicto de competencias entre altas cortes y, en la práctica, dilatar la revisión judicial del decreto, especialmente considerando la proximidad del 7 de agosto, fecha clave en el calendario político nacional.

Amenaza de convocatoria a Asamblea Constituyente

El presidente Petro ha manifestado la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente si el Congreso rechaza sus reformas. El Dr. Arrubla advierte que este mecanismo, además de requerir una ley de la República y la aprobación del 30% del censo electoral, no sería viable en el corto tiempo restante del actual mandato presidencial. Insistir en esta vía, sin respetar los procedimientos constitucionales, podría interpretarse como un intento de imponer la voluntad del Ejecutivo sobre las demás ramas del poder público.

Riesgos para el Estado de Derecho

El Dr. Arrubla concluye que desconocer las decisiones del Congreso y sustituir el control judicial por la propia interpretación del Ejecutivo constituye un acto de autoritarismo dictatorial. La fortaleza de la democracia colombiana radica en el respeto a los pesos y contrapesos institucionales y en la observancia estricta de los procedimientos legales y constitucionales.

Para profundizar en este análisis y conocer la evaluación detallada del Dr. Jaime Alberto Arrubla sobre el decreto presidencial, te invitamos a ver la entrevista completa en NTN24. En ella, se abordan los matices jurídicos de esta decisión y sus posibles repercusiones sobre el equilibrio institucional en Colombia.

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