Reforma laboral y consulta popular: ¿se tensionan los límites constitucionales en Colombia?

La convocatoria del presidente Petro a una consulta popular, tras el rechazo del Senado, abre un debate clave sobre los límites constitucionales del poder ejecutivo.

• Inicialmente, la reforma laboral fue hundida por el Congreso y la consulta popular que busca revivir algunas de sus propuestas fue negada por el Senado.

• A pesar de ello, el presidente Gustavo Petro expidió un decreto convocando la consulta para el 7 de agosto.

• La Corte Constitucional deberá definir la constitucionalidad de esta medida.

Fuente: Freepick.com

Bogotá. D.C., junio 2025.

Desde el punto de vista jurídico, la coyuntura actual obliga a detenernos y analizar con rigor el alcance de las decisiones que está tomando el poder ejecutivo frente a los mecanismos de participación ciudadana y los procedimientos constitucionales. Arrubla Devis, con más de 35 años de experiencia brindando asesoría jurídica estratégica a empresas, entidades públicas y personas naturales, considera fundamental aportar una lectura técnica que permita entender los efectos legales e institucionales de este proceso.

La decisión del presidente de convocar una consulta popular sobre la reforma laboral, pese al concepto negativo del Senado, pone en tensión principios esenciales del orden democrático colombiano. La Constitución establece con claridad que una consulta popular nacional requiere el concepto previo favorable del Senado de la República. En este caso, el Senado votó en contra, lo que en principio impediría su convocatoria.

Sin embargo, el Ejecutivo expidió un inusual decreto de 30 páginas en el que sostiene que la votación en el Senado fue irregular y contraria a la Constitución. Con base en la figura de la excepción de inconstitucionalidad, el presidente declaró que el acto legislativo carece de validez y convocó una consulta para el próximo 7 de agosto, con la firma de todos sus ministros (cuatro de ellos a través de encargados, posiblemente debido al temor de eventuales consecuencias jurídicas, como un posible prevaricato).

Esta decisión ha generado un amplio debate jurídico. Se discute si el Ejecutivo puede, sin mediar control judicial previo, desconocer una decisión del Congreso por supuesta inconstitucionalidad. Para algunos sectores, esto representa un precedente delicado en

términos del equilibrio de poderes; para otros, es un ejercicio legítimo de interpretación constitucional por parte del presidente.

A su vez, la reforma laboral —que motivó esta controversia— fue revivida por el Congreso a través de una apelación contra la decisión de archivo y actualmente cursa su cuarto debate legislativo. A pesar de ello, el presidente ha manifestado su intención de avanzar con la consulta, lo que para algunos analistas podría tener un trasfondo político de cara a eventuales procesos constituyentes.

Frente a este panorama, será la Corte Constitucional la encargada de revisar la constitucionalidad del decreto presidencial, y el Consejo de Estado también podría pronunciarse si se presentan demandas de nulidad por extralimitación de funciones o vicios de forma, entre otros.

En un momento donde las instituciones enfrentan presiones y cuestionamientos, resulta clave preservar el respeto por el debido proceso, los pesos y contrapesos democráticos, el respeto institucional y la solidez jurídica como base de la gobernabilidad.

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